Como dan cuenta desde la PDI, en Chile, sólo entre 2021 y 2022 se produjo un aumento del 61% en los casos investigados por delitos informáticos, por lo que valoran que la materia esté incorporada en la Política Nacional contra el Crimen Organizado.
Para los efectivos que se desempeñan en la Jefatura Nacional de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI), es un hecho que el alza en los delitos cibernéticos registrada durante la pandemia está más que consolidada y que el fenómeno sigue en auge. Porque si bien estos ilícitos anteriormente estaban vinculados a un grupo reducido de delincuentes, en la actualidad serían diversas las bandas relacionadas al crimen organizado las que se “benefician” de la tecnología para ampliar sus redes y ganancias.
De hecho, como aseguran desde la institución encabezada por Sergio Muñoz, delitos cometidos por peligrosas estructuras criminales, como la extorsión, la trata de personas, el tráfico de drogas y el lavado de dinero, han encontrado en el ciberespacio un terreno fértil para ejecutarse, expandirse y diversificarse.
Y es más, por estos días, desde Cibercrimen advierten que las ganancias que estarían aparejadas a ilícitos virtuales se estarían asimilando a las del narcotráfico. Recuerdan, en ese sentido, que una reciente operación desarrollada por Interpol terminó con la detención de 975 personas, resolviéndose más de 1.600 casos y tras los cuales se bloquearon casi 2.800 cuentas bancarias y de activos virtuales vinculados a los ingresos ilícitos de la delincuencia financiera en línea.
Dicha operación, comentan desde la PDI, permitió la incautación de casi 130 millones de dólares en activos digitales. Y agregan que reportes internacionales de cripto-criminalidad señalan que las transacciones en criptomonedas asociadas a actividades ilícitas aumentaron de U$18,1 billones en 2021 a U$ 20,6 billones en 2022.
En el caso de Chile, como afirma a La Tercera el prefecto Maximiliano Mac-Namara, jefe nacional de Cibercrimen de la PDI, se ha registrado un aumento tanto en los ciberdelitos que para ejecución necesariamente se quiere el uso de la tecnología, por ejemplo, “infecciones por ransomware”, como también en los hechos delictuales “tradicionales” que se ven potenciados por los medios digitales, como la usurpación de nombre, amenazas, estafas, entre otros.
“Sólo entre 2021 y 2022 se produjo un aumento de 61% en los casos investigados por la PDI específicamente relacionados con delitos informáticos. En particular, las amenazas en sus diferentes formas mostraron un aumento de un 20% en el mismo periodo. Y además, algo especialmente preocupante es el alza en torno al almacenamiento de material de abuso sexual infantil, donde los causas indagadas aumentaron un 81%”, comenta Mac-Namara.
¿Cómo hacer frente a la problemática? Es un hecho que en la medida que las tecnologías evolucionan también el mundo criminal se adapta a las nuevas realidades y los delincuentes se especializan en nuevos modus operandi, por lo que el oficial de la PDI enfatiza: “Debemos mantener un continuo en la capacitación profesional especializada en esta área, así como en el uso y actualización de las herramientas tecnológicas necesarias para enfrentar el ciberdelito. De la misma forma, por la naturaleza virtual y transnacional de este fenómeno, mantenemos una cooperación internacional permanente con otras agencias de la ley, ya sea a través de los canales de Interpol u otros convenios de colaboración”.
Destaca, en ese sentido, la incorporación de la ciberdelincuencia en la Política Nacional contra el Crimen Organizado, ya que permitirá un trabajo más coordinado y mejores herramientas para el combate de los hechos.
A mediados de abril, la policía de Arizona, en Estados Unidos, conoció un caso de secuestro que iría cambiando diametralmente con el correr de las horas y el trabajo de los equipos investigativos. Si bien la denuncia inicial se trató de un hecho con las características de este tipo de acontecimientos, todo cambió cuando la madre de la joven supuestamente raptada pudo tener contacto con ella y notó que no estaba en cautiverio.
Lo anterior, distaba de lo que ella había escuchado a través de una llamada telefónica con su hija, la cual en medio de gritos, supuestamente, le pedía ayuda y un millonario pago para su supuesto secuestrador.
Pero pese a lo auténtica que podía sonar la comunicación entre la madre y la hija, la policía pudo determinar que se trataba de un hecho en el cual se empleó tecnología para configurar una verdadera estafa. Según se estableció durante la indagación, los supuestos captores utilizaron inteligencia artificial para replicar la voz de la joven y hacer creer a su madre que estaba secuestrada.
Si bien aún no existe certeza del modo en que se empleó esta avanzada tecnología, se cree que los “ciberdelincuentes” utilizaron algún registro de voz para poder tomar los elementos más característicos y replicarlos para simular falsos secuestros y así obtener réditos económicos.
Frente a esto, y aunque aún en Chile no se registran casos similares, el prefecto Maximiliano Mac-Namara recomienda: “Si se enfrenta una llamada extorsiva por el presunto secuestro de algún familiar o conocido, lo mejor es comunicarse de inmediato con la unidad de la PDI más cercana. Existe una Brigada Especializada Antisecuestros que podrá enfrentar e investigar estos eventos de la mejor manera y al menor riesgo. Además, de ser necesario, siempre se podrá contar con el apoyo de los expertos en cibercrimen”.
